La Asamblea General de CONJUPES, celebrada el día 26 de Abril, acordó por unanimidad de todos sus miembros adherirse al «Manifiesto por unas Pensiones Dignas», que defienden la mayor parte de Organizaciones de Mayores de España.
Manifiesto por unas pensiones dignas
La pensión pública es un derecho. Así lo reconoce la Constitución en su artículo 50: «Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad». El Estado debe velar por los derechos de la ciudadanía, especialmente por los de las personas más vulnerables. Los derechos se garantizan desde el ámbito de lo público, el que sostenemos toda la ciudadanía con nuestra contribución. Derivar este derecho al sector privado supone que deja de ser un derecho de todas las personas.
1º.-Revalorización de las pensiones en base al IPC Garantizar la suficiencia económica de los pensionistas, como establece la Constitución, pasa por garantizar la revalorización real de las pensiones, referenciándolas al IPC (Índice de Precios al Consumo), proveyendo los recursos necesarios para la sostenibilidad del sistema y la suficiencia de sus prestaciones. Garantizar la suficiencia económica de las pensiones implica necesariamente la sustitución del Índice de Revalorización de Pensiones (IRP) actual –el escueto «cuarto de punto»– por una fórmula de revalorización que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones actuales y futuras.
2º.-Derogación del factor de sostenibilidad actual y sustitución del IRP Este factor de sostenibilidad regulado en la reforma de 2013, al vincular de forma obligatoria la evolución de la esperanza de vida a la cuantía de las pensiones, conducirá a una rebaja de las pensiones presentes y futuras. Es imprescindible, asimismo, que se incrementen las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas y SOVI hasta alcanzar cuantías suficientes y adecuadas en cada caso, para garantizar un nivel de vida digno y adecuado a todas las personas pensionistas de nuestro país. Así como elevar al 60 % la base de cálculo para las pensiones de viudedad cumpliendo con lo aprobado en 2011. Ley 27/2011.
3º.-Un Pacto de Estado que garantice las pensiones públicas Exigimos un Pacto de Estado suscrito por todos los partidos políticos del arco parlamentario y con la participación de todos los actores sociales, que garantice un sistema de pensiones dignas, fiable y duradero, marcándose como objetivo común la sostenibilidad y la suficiencia de las pensiones actuales y futuras tramitándose en la comisión del Pacto de Toledo. Siendo conscientes y firmes defensores de que el sistema de la Seguridad Social se articula sobre el principio de solidaridad más amplio entre generaciones y entre territorios, exigimos, un trabajo digno y con derechos, y unos salarios suficientes como garantiza el artículo 35 de la Constitución Española, que hagan posible el sostenimiento no sólo del sistema público de pensiones, sino también del conjunto del Estado de bienestar. Nosotros y nosotras, los y las pensionistas, queremos defender no sólo nuestro presente, sino también el futuro de nuestros hijos/as y nuestras nietas/os.
Manifiesto firmado por la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP), Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma), Federación Estatal de Jubilados y Pensionistas de CC. OO., Unión Estatal de Jubilados y Pensionistas de UGT, Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias (Fampa), Mayores de Telefónica, Federación de Asociaciones de Personas de Mayores de Cataluña (Fatec), Consejo Aragonés de las Personas Mayores (Coapema), Consejo Andaluz de Mayores, Federación de Asociaciones de Cultura y Ocio de Mayores (Facom), Federación de Organizaciones de Mayores de Andalucía (FOAM) y Consejo Regional de Personas Mayores de Extremadura, que representan a 6.500 asociaciones de personas mayores y 4.700.000 asociados
